Carlos Fanuel Luna Castilla**
Historiador
carfalun@hotmail.com
En un polémico artículo recientemente publicado por la revista El malpensante bajo el título “La farsa de las publicaciones universitarias”, Pablo Arango nos ha hecho ver que en el medio académico colombiano lo que se tiene por producción intelectual ha sido la mayor parte de las veces el resultado de complejos juegos de negociación, oportunismos e intereses que bien podríamos considerar como políticos. La publicación de P. Arango viene en buen momento a ponernos sobre el tapete la discusión de si la universidad y los conocimientos y saberes que se generan al interior de las facultades y programas académicos son realmente una instancia independiente de juicio crítico de la sociedad y el poder o si, por el contrario, en el proceso de construcción de proyectos intelectuales también intervienen los vicios propios de lo que sería un tenebroso clientelismo académico. Al examinar el indeterminado número de revistas y obras elaboradas por “académicos” colombianos nos hace ver que la necesidad de sacar a la luz pública un libro o un artículo no está determinada por el interés en la construcción o profundización de algún conocimiento, la crítica y el análisis de realidades sociales más o menos concretas o la reflexión profunda sobre las disciplinas o ciencias sociales, sino que el principal motivo para hacer una publicación es el afán poco altruista por “hacerse a una buena hoja de vida” para satisfacer aspiraciones salariales. En su opinión, lo que “uno encuentra cuando consulta esas revistas es una serie de escritos contrahechos, triviales, autocomplacientes y, desde luego, casi ninguna discusión o crítica genuinas” [1]. Así, se explicaría el porqué las publicaciones universitarias tendrían un número de lectores tan reducido y una capacidad de influencia en la opinión pública sin ninguna trascendencia.
El artículo de P. Arango tiene la cualidad de mostrar como descubrimiento algo que todo el mundo sabe. En nuestro contexto, el ojo tal vez envidioso de los investigadores siempre cuestiona las razones que tiene una universidad para premiar con mejor salario a un poeta-profesor, de vida ociosa y contemplativa, con su pequeño y aparentemente inútil libro de poesía, que a un docente-investigador con su investigación que le ha hecho gastar buenas horas de su vida en trabajo de campo, archivos y bibliotecas. Eso podría significar que en nuestra sociedad se valora más la libre expresión de la creatividad del intelecto humano a través de la poesía, que la necesidad de buscar explicaciones a problemas más urgentes a través del conocimiento de la sociedad, pero sabemos que no es así. Muchos poetas viven de falsas reputaciones, como muchos “académicos” tienen fama de falsos profetas de la ciencia. Con todo tanto poetas como investigadores viven con notables carencias. El hambre de los maestros universitarios por que les suban de una u otra forma el sueldo —porque hay que decir que son verdaderos famélicos, seres que no se les reconoce merito pese a sus incansables esfuerzos— no es un argumento lo bastante sólido como para decir que nada de lo que escriben sirve de algo. Entre la evidente carroña académica y los ríos de tinta y papel no reciclable que se consume en revistas y libros hay muestras notables de talento, creatividad y esfuerzo investigativo. Puede que escribir malos, mal escritos y mal leídos libros tenga que ver antes con el papel que cumple la educación (educarse) en nuestro país, que con las pretensiones salariales, que como todo trabajador, tienen los docentes. Un público de lectores poco capacitado no está en condiciones de reconocer en su justa proporción una obra por mala o buena que sea.
En Colombia, a diferencia de Brasil que graduó a 52.838 doctores entre 2002 y 2006, sólo 352 pudieron titularse en el mismo periodo de tiempo en programas universitarios nacionales. En países como Chile la proporción de personas que ha alcanzado el nivel de doctorado es de 15 por cada millón de habitantes, mientras que en Colombia es de 1,8 por cada millón[2]. La educación ha servido al propósito de formar el ideal de la República práctica (la de una élite técnica y empresarial) y no al de la ampliación de la ciudadanía, al de la formación una esfera pública política literaria y al de la apertura de canales de movilidad social. Quienes pueden leer bien buenos libros son los que han logrado pasar los filtros para llegar a ser parte de la rosca de la elite intelectual, los que hereditariamente ya son miembros de ella y los que ganan más que un pírrico salario mínimo para adquirir los bienes de interés cultural que son los libros. Habría que decir también que las políticas regresivas de educación a nivel estatal (la desfinanciación sistemática de la universidad pública, la persecución política y exilio a estudiantes y maestros, la pata y el bolillo contra cualquier forma de protesta estudiantil, la utilización de la educación para capacitar mano de obra barata, la violación flagrante de la autonomía universitaria, la entrada de los reinsertados a la universidad, la reducción del pensum de las carreras) han actuado en detrimento de la calidad de los lectores. No hay que estudiar mucho el asunto para darse cuenta que hoy por hoy vivimos del miedo impuesto por el discurso antiterrorista en la universidad, que no hay fondos suficientes para producir una buena investigación, que muchos compañeros de biblioteca han sido tildados de “guerrilleros de cafetería” y han tenido que salir del país para proteger sus vidas, que estudiar una carrera no es un propósito altruista sino la necesidad vital de conseguir un empleo, que la política de admisión no la define la comunidad universitaria sino el gobierno que ha puesto en las aulas a los combatientes de la guerra. Lo que hace pensar que existen problemas estructurales que explican, y hasta justifican, un pésimo libro.
El propósito de este ensayo es abordar uno de tantos problemas que a nuestro parecer es el que ha impedido la posibilidad de formar un “mercado de juicio crítico”: el de la inexistente formación política e intelectual de los estudiantes y profesionales colombianos. Con el ejemplo de los historiadores, es de interés mostrar cómo se desenvuelven esta clase de profesionales y estudiosos en particular en el contexto que ha venido siendo objeto de nuestro análisis. Resultaría provechoso saber cómo coexisten y conviven los historiadores —con necesidades como las de divulgar los resultados de sus pesquisas en revistas y obras individuales o colectivas, la de gestionar la información y la financiación para sus investigaciones, la de aprender y enseñar el conocimiento que producen— con las viciadas prácticas descritas por P. Arango en su artículo. En nuestra opinión, las limitaciones que imponen los filtros para acceder a las publicaciones universitarias, la imposibilidad de formarse como investigador independiente por la creciente moda de los grupos de investigación y la acomodación que produce las cercanías al poder han hecho que la formación política e intelectual sea una herramienta vital en el campo de la aplicabilidad de la historia. En pocas palabras, lo que sugerimos es que el historiador debe ser pensado al tiempo como intelectual y como político.
El historiador como intelectual.
Es un secreto a voces que la educación en Colombia es la herramienta privilegiada de los grupos hegemónicos de poder para mantener su dominio sobre el Estado, la sociedad y la economía. Este dominio no sólo se ha sustentado en la transmisión de su ideología y su moral a través de los espacios de difusión y transmisión de ideas y pensamientos que son las escuelas y las universidades, sino que han consolidado su poder a través de la exclusión de grandes masas de personas pobres del sistema educativo. La educación, concebida por los constituyentes del 91 como un servicio y un derecho de obligatorio cumplimiento por parte del estado, ha sido una inexplicable deuda social. Inexplicable porque el capitalismo moderno, a diferencia de formas de organización económicas precedentes que dependían del control de la tierra y los medios de producción, tiene como principal fuente de riqueza la generación de conocimiento. Para un monopolio tecnológico como Microsoft o una multinacional farmacéutica como Bayer el gran capital de la empresa no lo constituyen sus inversionistas como la producción de patentes que son el resultado de la investigación y el conocimiento producido por voluminosos ejércitos de hombres de ciencia. En Colombia, la regla general no ha sido “hacer ciencia para hacer millones” y, por el contrario, el conocimiento ha sido mirado con desdén. El precio más alto que ha pagado el país por tener viviendo con lujos a una pequeña y acomodada clase de banqueros, comerciantes, industriales, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y señores de la guerra ha sido el exilio y muchas veces muerte de nuestras mejores mentes.
El intelectual no se concibe como un sujeto de ocio sino como una especie de instrumento ciego del delito que valida y justifica las acciones de los gobiernos y que legitima el dominio de las elites. Para adquirir el status de intelectual no se necesita una brillante carrera académica sino las simpatías de los colegas y el poder que le otorgan desde arriba. La certificación es para el intelectual colombiano una garantía notarial de su condición. Es mucho más importante para él ser reconocido por sus títulos que por su obra, lo que se articula de manera orgánica con aquella concepción de la educación que pone por encima de la enseñanza de valores ciudadanos y de la autonomía individual, la especialización y la titulación como meta. El ejemplo de un sector de los economistas nos ofrece la generalidad del problema. Los economistas colombianos se sienten formando parte de una comunidad epistémica internacional cuyos principales polos del saber son las catedrales universitarias de Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero mientras en esos países hablan con bastante independencia de los gobiernos, en Colombia la autoridad académica de estos se ejerce desde altos cargos en el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda o el Departamento de Planeación Nacional. Mientras en esos países la modernización del Estado consistió en la formación de un cuerpo técnico y especializado de administradores que racionalizaran la función del estado, en Colombia no pudo pasarse de una tradición legalista, personalista y clientelar de burócratas especializados en el control de los bienes públicos. Como si fuera poco, “los distintos sistemas de concesión para hacer doctorados, y de reclutamiento de los doctores para ocupar posiciones importantes en el Estado colombiano, —ha dicho Marco Palacios— no parecen guiarse por los principios de igualdad de oportunidades, sino por la lógica de la reproducción del capital cultural de los grupos sociales dominantes”. De modo que el saber económico, que todos creemos portador de la neutralidad técnica, no está exento de intereses. Por eso crean lenguajes que, bajo el manto de la especialización, hacen prácticamente ininteligibles sus opiniones dejando sin elementos de juicio a la gran mayoría de personas que les leen y escuchan[3].
Esta visión sobre la vida intelectual dista mucho de la que ofreciera Edward Said en el marco de las Conferencias Reith para la BBC de Londres en 1993. Según Said, independientemente de la postura ideológica donde se sitúe, el intelectual debe defender las verdades de la miseria, debería develar las servidumbres de los privilegiados y su compromiso debería ser decirle la verdad al poder. En su opinión, el intelectual debe ser visto como un francotirador, un perturbador del statu quo, un individuo que tenga como valor superior al de la acomodación el espíritu de oposición. Es un personaje que se muestra y es percibido como un ser inadaptado que vive en una morada temporal de infelicidad. En Said el intelectual no es un simple profesional: “por profesionalismo —decía— entiendo el hecho de que como intelectual, concibas tu trabajo como algo que haces para ganarte la vida, entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, con un ojo en el reloj y otro vuelto a lo que se considera que debe ser la conducta adecuada, profesional: no causando problemas, no transgrediendo los paradigmas y límites aceptados, haciéndote a ti mismo vendible en el mercado y sobre todo presentable, es decir, no polémico, apolítico y ‘objetivo’”. Concibe entonces el ofrecimiento a ser funcionario, la especialización y la certificación de experto como una de las presiones que se ejercen al trabajo intelectual. Así, propone que el intelectual se presente como un amateur, un aficionado, que sea capaz de plantear cuestionamientos morales, de ser un agente de transformación y un miembro pensante de la sociedad. Es un defensor a ultranza de la libertad de expresión porque, digámoslo una vez más, su deber es decirle la verdad al poder. No tiene dioses, es laico. No apela a su identidad nacional, a la tradición o a la costumbre, a contrario sensu, duda de ellas[4].
Los historiadores colombianos, como los economistas y otros profesionales de las ciencias sociales, no se acercan a la visión del intelectual propuesta por Said. En la actualidad muchos están más preocupados por llenar los requisitos impuestos por Colciencias para armar grupos de investigación, que en resolver problemas de su vida circundante (ya hasta para ser investigador hay que llenar un formulario por demás virtual). La concesión de las becas para doctorarse no se aleja mucho de la realidad de los economistas. Lo peor es que muchos se han prestado para legitimar proyectos económicos y políticos del presente a través de la presentación de imágenes favorables de determinados sectores sociales (comerciantes, banqueros, industriales, terratenientes, ganaderos, políticos). No existe entre ellos un compromiso con la verdad. La historia no es un tribunal que sirve para establecer sanciones morales sobre las gentes del pasado, sino una profesión ejercida por fiscales ciegos. Es que escribir historias también tiene sus propósitos que bien podríamos calificar según nuestro propio sistema de principios morales. Para nosotros el uso público de la historia debería ser un proyecto moralmente viable como lo ha sugerido Josep Fontana, cuando plantea que la publicidad de la historia “comienza evidentemente con la educación, de la que recibimos los contenidos de una visión histórica codificada, fruto de una larga labor de colonización intelectual desde el poder, que es quien ha decidido cuál es ‘nuestro’ pasado, porque necesita asegurarse con ello de que compartimos ‘su’ definición de la identidad del grupo del que formamos parte, y que no tiene inconveniente en controlar y censurar los textos y los programas cuando les conviene. Porque eso de la historia es muy importante como para dejarlo sin vigilancia”[5].
El historiador como político.
Es imposible pensar al historiador como un ser apolítico. Este siempre intenta aludir o flagelar a un público. Lo vemos cuando a ratos intenta falsear o negar la historia. También cuando aparece ejerciendo su oficio desde una embajada. La política es vital para construir historias porque no es sólo un campo de estudio sino que también es un espacio de acción. Gonzalo Sánchez en Guerras, memoria e historia, una bella reflexión sobre su propia historia, no lo ha podido expresar de mejor forma: el historiador “no es un ‘outsider’ sino un testigo, un observador participante, que se ocupa de los acontecimientos transcurridos durante su propia vida”[6]. Testimoniar, documentar, historiar son prácticas ante todo políticas. Aún con la sustitución del estudio de la política por el poder, una aparente evolución mental en las ciencias sociales, no han desaparecido ni la militancia, ni las pretensiones políticas. La reivindicación de los negros, los indios, los trabajadores, los homosexuales, las mujeres, los anormales, los vagos como sujetos históricos da cuenta del talante político que muchas veces se imprime en las investigaciones. Pero habiendo advertido sobre el carácter político del historiador y su historia valdría la pena preguntarnos sobre qué tipo de política o políticas podemos aportar desde la historia como parte de un proyecto de aplicabilidad del conocimiento producido desde la disciplina.
De plano tendríamos que rechazar enfáticamente aquella visión de la política que tiene como credo fundamental el interés. No debería ser la política del historiador la de vender lo que produce y venderse a si mismo al mejor postor. En nada nos referimos a la política en el sentido que le daba Max Weber al término cuando planteaba que era “la aspiración a participar del poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen”[7]. ¿Qué será de un historiador que aspire al poder o que influya sobre la distribución del poder al sostener ideológicamente a la rosca de la que hace parte? Nada bueno. Por eso pensamos que debería existir el convencimiento de que la participación política del historiador debería girar en torno ciertos deberes entre los que podemos contar el de ser un crítico del poder, un polemista destacado de los valores sociales dominantes y un ser cuyo interés esencial sea vivir “para” la historia, no “de” la historia. Con esto queremos decir que el historiador es, por la misma naturaleza de su disciplina, un alborotador, un francotirador y un perturbador de todos los aspectos de su existencia. Recordemos que la historia es “una esperanza crítica”.
La política del historiador, por tanto, no es un proyecto ideológico de clase o un programa de contenidos específicos portador de un credo. Ésta sólo debe aspirar a ser una fuente de revisión y reclamación de cuestiones que no son simplemente principios (libertad, igualdad, individualidad) sino perspectivas. Cuando decimos que en la política hay una veta fecunda de aplicación del conocimiento histórico es porque la mirada crítica del historiador puede ayudar a generar algún grado de lucidez. Al mirar hacia el pasado el historiador no sólo recaba información y la interpreta desde su cosmovisión sino que conoce experiencias concretas relevantes para tomar decisiones en el presente. El desconocimiento de la historia puede llevar a equívocos, no a repeticiones. La memoria, que también es algo sujeto a políticas de reactivación, sirve al tiempo como instrumento de dominación y liberación. Como atribución al historiador le compete custodiar la memoria de los pueblos de los vicios del poder y las manipulaciones. Porque finalmente aquello que entendemos por identidad —y que siempre descubrimos cuando nos preguntamos quién soy o quiénes somos— no lo determina más que el que tiene acceso al pasado, asunto que sin duda tiene implicaciones éticas.
Es una política sin agendas, pero podríamos trazarnos alguna que incluya la defensa a ultranza de la educación pública, el rechazo a la guerra como mecanismo de transferencia del poder y de resolución de conflictos, la democratización de la investigación a través del merito, la aplicación del conocimiento histórico a través de la acción política, la formación de una cultura intelectual entre los estudiosos de la historia, la denuncia del negacionismo y de la complicidad de los historiadores con el poder dominante, el desarrollo del espíritu de oposición, el uso público, comunitario y racional de la historia, la renuncia al positivismo histórico y el apoyo a la creatividad, la defensa del humanismo entre historiadores, el reconocimiento de los silencios y las voces calladas del pasado…
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* Preparado para el diplomado “Formación pedagógica para la educación superior” en su versión de 2009.
** Historiador, Universidad de Cartagena.
[1] ARANGO, Pablo. “La farsa de las publicaciones universitarias”. En: El malpensante. Nro. 97. Bogotá: Mayo de 2009.
[2] “Nuevas elites intelectuales”. En: El espectador. Bogotá: Junio 25 de 2009.
[3] PALACIOS, Marco. “Saber y poder: el caso de los economistas colombianos”. En: Del mismo autor. De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2001.
[4] SAID, Edward. Representaciones del intelectual. Bogotá: Editorial Debate, 2007.
[5] FONTANA, Josep. ¿Para qué sirve la historia en un tiempo de crisis? Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2006.
[6] SÁNCHEZ, Gonzalo. Guerras, memoria e historia. Medellín: La Carreta Editores, 2006.
[7] WEBER, Max. “La política como vocación”. En: Del mismo autor. El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
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